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Macri: Terminó la época en que la obra pública estaba ligada a la corrupción
"La obra pública debe traer beneficios y ventajas en la calidad de vida de la gente", recalcó Macri, durante una visita a las obras de electrificación de una de las líneas de ferrocarril que conectan la capital argentina con la provincia de Buenos Aires (utilizadas diariamente por decenas de miles de pasajeros), según transmitió la Presidencia argentina en un comunicado.
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Macri: Se terminó la obra pública con corrupción. / Foto: EFE

7 May, 2016 | Buenos Aires. El presidente argentino Mauricio Macri aseguró este sábado que "se terminó la época en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción" y ratificó el compromiso del Gobierno con la mejora de las infraestructuras, informaron fuentes oficiales.

El mandatario se pronunció así tras varias semanas marcadas por los avances de la Justicia argentina contra exaltos cargos kirchneristas y empresarios afines, en distintas causas que investigan delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero supuestamente relacionados con sobrecostes en las licitaciones de construcción de infraestructuras estatales.

Las de mayor impacto en la opinión pública son las que investigan al empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (bastión kirchnerista)-, quien permanece detenido mientras sus extensas propiedades son registradas por la Fiscalía en busca de pruebas de una trama de lavado de dinero.

Macri, acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hizo también hincapié en que el Gobierno está encarando proyectos para "garantizar un mejor funcionamiento del sistema" de ferrocarril, nacionalizado durante el kirchnerismo tras varios accidentes graves que dejaron decenas de muertos desde el 2012.

El juicio por el más grave de esos siniestros condenó, a finales de 2015, a dos execretarios de Trasnporte kirchneristas -Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012)- a seis y ocho años de cárcel por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", aunque las sentencias aún pueden ser apeladas.




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